La verdad sobre el cigarrillo electrónico
25Jan

En octubre se celebró en Moscú un congreso internacional esencial sobre control del tabaquismo (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), pero ni siquiera había empezado cuando dos facciones científicas muy diferentes empezaron a lanzar fuego graneado acerca de los flamantes cigarrillos electrónicos que esa reunión había prometido regular. Los obuses de ambas partes cayeron sobre la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, cuyos alfiles se estaban preparando, ya en la primavera de 2014, para recomendar a los países miembros una proscripción preventiva y drástica de esas pipas de nicotina en las que fumadores y empresas tabaqueras habían puesto tantas esperanzas. Esperanzas de seguir fumando o vendiendo cosas tóxicas, pero esperanzas al cabo.

La intención de la OMS se filtró, y eso indujo a 53 científicos de 18 países —sobre todo de Reino Unido, Estados Unidos y Australia— a enviar una demanda urgente a Chan (el 26 de mayo de 2014) para conminarla a permanecer abierta a las posibles evidencias sobre “productos de tabaco o nicotina de bajo riesgo que pueden convertirse en el futuro en alternativas viables al hábito de fumar”. Estos expertos pueden denominarse los “reductores de daños”. Su principal apoyo es que, a día de hoy, no hay ninguna evidencia científica de que el vapor emitido por estos productos constituya un riesgo para la salud.

La carta de los reductores de daños también se filtró, desde luego, y solo tres semanas después, el 16 de junio, el investigador estadounidense Stanton Glantz promovió una segunda carta a Chan respaldada por 129 expertos de 24 países —los “prohibicionistas preventivos”, llamémoslos— que sostenían que los cigarrillos electrónicos no eran más que un “caballo de Troya” de la industria tabaquera, y apoyaban una recomendación de la OMS a los países miembros para que legislaran contra ellos, como de hecho acabó ocurriendo.

En España, por ejemplo, las restricciones se incluyeron ya en marzo del año pasado —en lo que constituyó una avanzadilla entre los países europeos— aprovechando la aprobación por el Senado de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que introdujo la limitación del consumo y la publicidad de los cigarrillos electrónicos de los “que no se conozcan los efectos para la salud”. Se prohibió su consumo en centros educativos y zonas infantiles, centros sanitarios, edificios públicos y medios de transporte. También quedó prohibida su publicidad en las franjas horarias aptas para menores de 18 años. En el último Consejo Interterritorial de Salud —el órgano que reúna a los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas con el ministerio— se acordó que los carteles de “prohibido fumar” incluyan también la prohibición de vapear, como se conoce informalmente el uso del cigarrillo electrónico.

España, como muchos otros países, hacía así suyo el prohibicionismo preventivo, o la segunda carta que recibió Chan. Curiosamente, esta segunda carta —la de los prohibicionistas preventivos, que acabó imponiéndose en la OMS— se apoyaba en el mismo argumento que la de los reductores de daños: la falta de evidencias científicas.

Amy Fairchild, profesora de ciencias sociomédicas de la Universidad de Columbia en Nueva York, reabre ahora la polémica con la publicación en Science de un análisis equilibrado del conflicto entre esas dos posturas científicas. “¿Cómo pueden dos grupos”, se pregunta Fairchild, “ambos buscando reducir la terrible carga de mortalidad atribuible al tabaco, y ambos aceptando las políticas basadas en la evidencia, llegar a unas conclusiones tan diferentes?”. Fairchild subraya que la reducción de daños es una actitud pragmática que acepta que la gente seguirá consumiendo drogas con independencia de lo que diga la legislación; que la cuestión no es si los cigarrillos electrónicos suponen algún riesgo en absoluto, sino si esos riesgos son o no menores de los que supone el tabaco convencional; y que fumar provocará este siglo nada menos que mil millones de muertes si las cosas siguen como están ahora. “Pesar los riesgos y los beneficios es inevitable”, dice Fairchild. Añade que el prohibicionismo preventivo “no ayuda ni a la ciencia ni a la política”. He aquí el dilema. 

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Publicado el 25 de January del 2015
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